La Reforma del Proceso Penal - Macchi, Jose Ignacio Gonsalez (Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR, 2008)
Mas tarde o más temprano, nuestras naciones retomaron el camino de la democracia, respondiendo a la aspiración del pueblo sufrido. En ello, es innegable la influencia de la situación política de los países de nuestra región que iniciaron la transición. Los cambios políticos – primero – y las reformas constitucionales – en segundo término – influenciaron las respuestas institucionales de los gobiernos de nuestros países en materia de administración de justicia. En ese orden, la revisíón constitucionalista que sacudió al cono sur desde finales de los 80´s (C. Brasilera de 1988; C.N. Paraguaya de 1992; C. Argentina de 1994) fue el primer paso. Luego, la sociedad, y principalmente la comunidad jurídica quedó convencida de que era apenas el comienzo de la reforma de la justicia; y que como segundo esfuerzo, se necesitaba imperiosamente una profunda reforma judicial y legislativa en todas las áreas, y con mayor razón – debido a los valores humanos que interactúan – la transformación del sistema penal positivo. En nuestros países, la reforma del Poder Judicial, y dentro de ella, la reorganización de la justicia penal, pasa no sólo por la restructuración de sus recursos humanos, sino también, y acaso más importante aún, por la individualización, crítica y cambio de los factores estructurales que posibilitan el mantenimiento de un sistema penal ineficaz, lento y oneroso, ciego a la justicia social y que origina más conflictos de los que pretende solucionar. Dentro de una reforma global, los códigos procesales modernos en materia penal (y los proyectos), se dirigen hacia una ruptura de la política criminal conservadora, a través de la irrupción de un sistema penal comprometido con el sentir común del pueblo, en relación directa con la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, fluctuando entre un cuadro de derechos y garantías constitucionales inalienables y las fórmulas políticas que permitan el más amplio acceso a la justicia y la represión del abuso de autoridad y la corrupción.